Vecinos cuestionan el plan de regreso tras el derrumbe y exigen garantías de seguridad

A más de dos semanas del derrumbe en un sector del estacionamiento subterráneo del complejo Estación Buenos Aires, en el barrio porteño de Barracas, crece el malestar entre los residentes evacuados. La autorización de un reingreso parcial, dispuesta por la fiscalía interviniente, fue recibida con escepticismo por parte de los vecinos, quienes advierten sobre la falta de información clara, controles insuficientes y dudas respecto del estado estructural del predio.

El viernes por la mañana, algunos habitantes se acercaron nuevamente al complejo, ubicado en la calle Mafalda al 900, en las inmediaciones de Mirave. Allí se encontraron con un operativo que incluyó presencia policial, dotaciones de Bomberos de la Ciudad y personal técnico trabajando dentro del área restringida. Sin embargo, el clima estuvo marcado por la incertidumbre.

Uno de los vecinos, expresó su descontento ante la situación y cuestionó la forma en que se comunicó la medida. Según relató, la información sobre el denominado “plan de regreso” fue difundida primero a los medios de comunicación y recién horas más tarde a los propios damnificados. Además, señaló deficiencias en la organización del operativo y una escasa presencia de personal de servicios, lo que, a su entender, evidencia falta de planificación.

La medida que habilita el retorno limitado fue incorporada al expediente el jueves, cuando la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°31 dispuso un esquema de reingreso progresivo, sujeto a condiciones específicas y restringido a determinadas áreas del denominado Sector 2. La decisión se enmarca en el levantamiento parcial de la clausura preventiva que había sido establecida tras el incidente por la Guardia de Auxilio.

No obstante, la disposición no implica una reapertura total del complejo. El sector donde se produjo el colapso de la losa continúa completamente inhabilitado, con acceso prohibido y custodia permanente. Las autoridades mantienen allí un perímetro de seguridad mientras avanzan las pericias técnicas para determinar las causas del derrumbe y evaluar los riesgos estructurales.

El ingreso de los residentes se realiza bajo estrictos controles. En el único punto habilitado, cada persona debe acreditar su identidad ante efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes registran los datos en forma manual antes de autorizar el acceso. Además, en algunos casos se dispone el acompañamiento de Bomberos para garantizar condiciones mínimas de seguridad durante la circulación interna.

Pese a estas medidas, los vecinos insisten en que no existen certezas suficientes sobre la estabilidad del edificio ni sobre los plazos de normalización. Reclaman mayor transparencia en la información oficial, la presencia constante de equipos técnicos especializados y garantías concretas que permitan un regreso seguro a sus viviendas.

Mientras tanto, la causa judicial continúa en trámite y el complejo permanece parcialmente clausurado, en un contexto de creciente preocupación entre quienes aún no pueden retomar su vida cotidiana con normalidad.