Condenaron al líder de una red de licencias de conducir falsas en la Ciudad

La Justicia porteña condenó al principal responsable de una organización dedicada a la producción y comercialización de licencias de conducir apócrifas que operaba en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación, encabezada por la Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, permitió desarticular una estructura que durante meses ofreció registros falsos mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

La causa estuvo a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°25, actualmente conducida por Juan Cruz Artico, y concluyó con una condena de tres años de prisión en suspenso para el acusado principal, quien fue hallado responsable de los delitos de asociación ilícita y falsificación de documentación pública y privada.

El acuerdo judicial fue homologado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°4, subrogado por Araceli Martínez, en el marco de un juicio abreviado que permitió avanzar rápidamente hacia una resolución judicial.

La investigación comenzó a partir de un procedimiento de rutina realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad durante un control vehicular. En ese operativo, los agentes detectaron irregularidades en una licencia de conducir exhibida por un conductor y dieron intervención inmediata a la fiscalía.

En ese momento, el expediente se encontraba bajo la órbita del fiscal Néstor Maragliano, quien ordenó el secuestro del documento sospechoso y su posterior análisis pericial. Los estudios confirmaron que la licencia era falsa, lo que abrió una línea investigativa mucho más amplia.

A partir de allí, la fiscalía avanzó sobre una organización que operaba de manera coordinada y que se dedicaba a captar clientes, producir documentación adulterada y concretar ventas ilegales de registros de conducir. Según se estableció en el expediente, la red funcionó durante casi un año y utilizaba plataformas digitales para contactar potenciales compradores.

Uno de los elementos clave de la causa fue la participación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, dependiente del Ministerio Público Fiscal porteño. Mediante la utilización de la figura legal del “agente revelador”, un investigador encubierto simuló ser un comprador interesado en obtener una licencia ilegal.

La operatoria permitió documentar el funcionamiento de la organización desde adentro. El supuesto cliente se comunicó mediante WhatsApp con un hombre que utilizaba el nombre de “Matías” y coordinó la compra de un registro falso. La entrega se concretó en la intersección de Avenida Caseros y Monasterio, en el barrio de Parque Patricios.

Toda la secuencia quedó registrada a través de cámaras del Centro de Monitoreo Urbano de la Ciudad, material que luego fue incorporado a la causa judicial. Con esa evidencia, los investigadores lograron identificar al principal sospechoso y reconstruir el circuito de producción y distribución de la documentación falsa.

De acuerdo con la investigación, el condenado cumplía un rol central dentro de la estructura. Era quien captaba clientes, coordinaba pagos, administraba la comunicación con los interesados y organizaba la entrega de las licencias adulteradas. También ofrecía “tramitaciones rápidas” mediante publicaciones en redes sociales y mensajes directos.

Los pagos se realizaban tanto en efectivo como a través de billeteras virtuales, modalidad que permitía agilizar las operaciones y dificultar el rastreo de los movimientos económicos vinculados a la actividad ilegal.

La causa avanzó con un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en el barrio de Almagro. Allí, las autoridades secuestraron 53 licencias de conducir falsas confeccionadas a nombre de distintas personas, además de cuadernos con anotaciones, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

El análisis posterior del material secuestrado permitió acceder a conversaciones y mensajes considerados incriminatorios para la investigación. Los peritajes realizados por especialistas del CIJ aportaron información clave sobre la operatoria interna de la organización y el modo en que se concretaban las ventas.

Finalmente, el acusado aceptó un juicio abreviado y recibió una condena de tres años de prisión en suspenso. Además de la pena, deberá cumplir reglas de conducta impuestas por la Justicia durante el período establecido.

Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron la importancia del trabajo coordinado entre fiscales, investigadores y fuerzas de seguridad para detectar este tipo de maniobras que ponen en riesgo la seguridad vial y afectan la autenticidad de la documentación pública. La investigación permitió además advertir sobre el crecimiento de las estafas y falsificaciones realizadas a través de plataformas digitales y redes sociales.