Tensión sindical en el Garrahan

Trabajadores del hospital denuncian sanciones, sumarios y amenazas de despido contra quienes participaron del conflicto gremial. Las autoridades sostienen que las medidas disciplinarias responden a hechos concretos ocurridos durante las protestas y defienden un plan de inversiones para la institución.

El conflicto laboral en el Hospital Garrahan volvió a quedar en el centro de la escena. Mientras los trabajadores agrupados en distintos sindicatos reclaman nuevas incorporaciones de personal, mejoras en las condiciones laborales y la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, las autoridades de la institución avanzan con medidas disciplinarias contra empleados que participaron de las protestas realizadas durante el último período.

La situación volvió a hacerse visible esta semana, cuando trabajadores realizaron un abrazo simbólico en defensa del hospital y reclamaron el cese de las sanciones que, según denuncian, constituyen una forma de persecución contra quienes tuvieron un papel activo en el conflicto gremial. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informó que mantiene sus reclamos por falta de personal y por el hostigamiento a representantes sindicales.

Uno de los referentes que expresó públicamente esa posición fue Gerardo Oroz, delegado de ATE en el Garrahan, quien sostuvo que el hospital atraviesa una situación de sobrecarga laboral debido a la falta de incorporación de trabajadores. Según señaló, hace años que no se produce un ingreso suficiente de personal y que esa situación repercute sobre quienes continúan desempeñando tareas en la institución.

Desde el gremio también cuestionan el tratamiento que recibieron los trabajadores que participaron de las medidas de fuerza. ATE sostiene que existe una campaña de criminalización de la protesta sindical y reclama que se reviertan las sanciones y los procedimientos iniciados contra empleados y delegados.

Sumarios y sanciones

Uno de los datos que atraviesa la discusión es la cantidad de expedientes disciplinarios abiertos durante el conflicto. Las organizaciones sindicales hablan de 40 sumarios y de trabajadores que enfrentan suspensiones o amenazas de desvinculación. En septiembre, ATE volvió a denunciar públicamente el hostigamiento y vinculó la situación con el conflicto gremial desarrollado desde 2025.

La posición de la administración del hospital es diferente. En febrero, el Garrahan informó que había iniciado 40 sumarios a raíz de la toma de oficinas de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025 y que, luego de las investigaciones administrativas, se había dispuesto la cesantía de 11 personas. La institución señaló que diez de ellas contaban con tutela sindical y que, en esos casos, la desvinculación definitiva quedaba sujeta a la intervención judicial correspondiente.

La controversia tuvo además un episodio reciente con Norma Lezana, nutricionista y dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT). El hospital informó el 31 de agosto que resolvió desvincularla después de un proceso sumarial en el que, según la institución, no se pudo acreditar que hubiera desarrollado tareas asistenciales como nutricionista durante 2025, mientras sí se constató su participación en actividades gremiales.

Desde ATE y las organizaciones sindicales, en cambio, interpretaron esa medida como parte de una ofensiva contra la representación gremial. El caso generó una nueva protesta y volvió a instalar la discusión sobre los límites entre la actividad sindical y las obligaciones laborales dentro de un hospital público de alta complejidad.

El reclamo por más personal

Más allá de la disputa por las sanciones, los trabajadores mantienen un reclamo que consideran central: la incorporación de nuevos profesionales y trabajadores para cubrir los puestos que quedaron vacantes.

ATE sostiene que existen demoras de varios años en la incorporación de personal, especialmente en áreas vinculadas con enfermería, y advierte que la reducción de trabajadores aumenta la carga sobre quienes permanecen en actividad.

En paralelo, las organizaciones gremiales reclaman la aplicación de la Ley 27.796 de Emergencia Nacional en Salud Pediátrica, cuya implementación quedó atravesada por decisiones del Poder Ejecutivo vinculadas con su financiamiento. La norma establece medidas destinadas a fortalecer la atención pediátrica y contempla recursos y mecanismos específicos para el sistema de salud. Un informe de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes señaló que el Presupuesto 2026 no contemplaba los fondos necesarios para cumplir con las disposiciones de la ley.

Los trabajadores sostienen que el tiempo transcurrido desde la sanción de la norma profundiza la incertidumbre. En septiembre, representantes gremiales anunciaron gestiones para extender su vigencia, que tiene fecha de vencimiento el 21 de octubre de 2026, y reclamaron su aplicación efectiva.

La respuesta de las autoridades

Mientras los gremios denuncian falta de mejoras edilicias y cuestionan las prioridades de la administración, el Hospital Garrahan sostiene que atraviesa un proceso de inversión y renovación de infraestructura y equipamiento.

La institución informó recientemente que destinó más de 30.000 millones de pesos a un plan de obras y que durante las últimas semanas avanzó con distintas intervenciones. Entre ellas figura la remodelación integral de diez habitaciones de guardia, dentro de un total de 64, además de mejoras en espacios comunes utilizados por los profesionales.

También comunicó la renovación del equipamiento quirúrgico, con la incorporación de 18 nuevas mesas de cirugía mediante una inversión superior a 2.500 millones de pesos, y destacó la recuperación del helipuerto, que permitió concretar en septiembre el primer traslado sanitario nocturno en más de una década.

De esta manera, las dos partes describen una realidad diferente dentro de la misma institución. Los trabajadores ponen el acento en la situación laboral, la falta de personal y las sanciones derivadas del conflicto gremial. Las autoridades, en tanto, destacan las inversiones realizadas, las obras y el proceso de reorganización administrativa.

El enfrentamiento, que lleva varios meses, no parece limitarse a una discusión salarial. La recomposición de haberes obtenida durante el conflicto no logró cerrar el reclamo, que ahora incorpora la cuestión de las sanciones, la dotación de personal, las condiciones de trabajo y el futuro de la Ley de Emergencia Pediátrica.

Mientras continúan las presentaciones administrativas y las acciones sindicales, el Garrahan permanece como escenario de una disputa que involucra tanto a sus trabajadores como a la conducción de la institución. El abrazo realizado esta semana volvió a poner en primer plano un conflicto que todavía está lejos de encontrar una solución definitiva, con posiciones enfrentadas sobre las causas de la crisis y sobre las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento del principal hospital pediátrico de alta complejidad del país.