Solicitan informes al Ejecutivo por la licitación de estacionamientos subterráneos Barracas Parque Patricios y otros barrios

Un grupo de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para obtener precisiones sobre el proceso de licitación de estacionamientos subterráneos disuasorios en distintos puntos del distrito. La iniciativa fue impulsada por la legisladora Claudia Neira, integrante del espacio Fuerza por Buenos Aires, junto a miembros de su bloque.

El requerimiento se centra en la Resolución Conjunta Nº 9/MJGGC/26, mediante la cual se promueve la incorporación de nuevos emplazamientos para este tipo de infraestructura. Entre los espacios contemplados se encuentran el Parque España, en el barrio de Barracas; un predio ubicado en la intersección de Lavardén y Los Patos, en Parque Patricios; la Plaza Inmigrantes de Armenia, en Palermo; el Parque de la Innovación, en Núñez; y la Plaza Noruega, en Belgrano.

Uno de los ejes centrales del proyecto apunta a clarificar el marco normativo que habilita la ampliación del sistema de estacionamientos previsto por la Ley N.º 3058. En particular, se solicita al Ejecutivo que detalle bajo qué disposiciones se incorporaron nuevas localizaciones en las Comunas 4, 13 y 14, y si dicha decisión resulta compatible con el esquema original establecido por esa normativa.

Asimismo, el pedido de informes pone el foco en el alcance del artículo 8º de la ley, que habilitaría la posibilidad de extender el sistema sin intervención legislativa. En ese sentido, los legisladores requieren conocer si existió un dictamen previo de la Procuración General de la Ciudad que avale esa interpretación.

En relación con el proceso licitatorio, se solicita la remisión del dictamen completo elaborado por la comisión evaluadora, así como los criterios utilizados para declarar de interés público la propuesta presentada por la empresa E-ARG SRL. También se requiere información sobre la realización de estudios de factibilidad jurídica, impacto urbano y ambiental, y análisis de demanda que respalden la viabilidad de los proyectos.

Otro aspecto relevante del planteo tiene que ver con la integración de estos estacionamientos con el sistema de transporte público, tal como lo establece la Ley 3058. En ese marco, se consulta sobre la existencia de mecanismos de integración tarifaria, estudios de movilidad y la eventual utilización de las cocheras como espacios de estacionamiento general, más allá de su carácter disuasorio.

El proyecto también aborda cuestiones económicas y contractuales, incluyendo el monto estimado de inversión, las fuentes de financiamiento y las պայմանes de concesión, previstas por un período de hasta 20 años. A su vez, se indaga sobre la participación de las Juntas Comunales y la realización de instancias de consulta pública, así como los mecanismos contemplados para incorporar la opinión de vecinos y organizaciones sociales.

Por último, se solicita al Ejecutivo que precise qué organismos estarán a cargo del control de los contratos y si se prevé la intervención de entidades como la Auditoría General de la Ciudad o el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos.

Según los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es contar con información detallada que permita evaluar de manera integral la implementación del sistema de estacionamientos subterráneos y garantizar la transparencia en un proceso que impacta directamente en el uso del espacio público y la movilidad urbana.