Se viene la audiencia pública por Costa Urbana y crece la polémica ambiental en Costanera Sur

El megaproyecto inmobiliario Costa Urbana, impulsado por la empresa IRSA sobre los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca, volverá a quedar en el centro del debate público tras la oficialización de una nueva audiencia convocada para el próximo 22 de junio a las 12:30 bajo modalidad virtual. La iniciativa, que prevé la construcción de un nuevo barrio de usos mixtos frente al Río de la Plata, genera fuertes discusiones políticas, urbanísticas y ambientales en la Ciudad de Buenos Aires.

La audiencia se realizará a través de la plataforma Zoom y permitirá la participación de oradores previamente inscriptos. Además, habrá transmisión online abierta para el público general. El proceso forma parte de los requisitos administrativos y legales necesarios para el avance del emprendimiento, aunque las exposiciones y conclusiones no tendrán carácter vinculante.

El proyecto Costa Urbana se desarrollará sobre las tierras de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, en la zona de Costanera Sur, frente a la Reserva Ecológica Costanera Sur. La propuesta contempla la urbanización de aproximadamente 71,6 hectáreas mediante la construcción de torres residenciales, oficinas, hoteles, comercios, establecimientos educativos, centros de salud y amplios espacios públicos.

Según el acuerdo urbanístico aprobado entre el Gobierno porteño y la desarrolladora, podrán edificarse cerca de 895.000 metros cuadrados sobre el predio. A cambio, la empresa deberá destinar más del 70% de la superficie a espacios verdes públicos y ceder parcelas adicionales para proyectos vinculados al desarrollo urbano y tecnológico.

Desde el oficialismo sostienen que el emprendimiento representa una oportunidad para recuperar una zona históricamente abandonada y promover inversiones de gran escala en el sur de la Ciudad. Además, destacan que IRSA asumió el compromiso de invertir alrededor de 40 millones de dólares en obras de infraestructura y mantenimiento de los sectores públicos que integrarán el nuevo desarrollo urbano.

Sin embargo, el proyecto viene generando un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas, especialistas urbanos y vecinos de distintos barrios porteños, que cuestionan tanto el impacto ambiental de las obras como el modelo de urbanización propuesto para la ribera.

Entre los principales cuestionamientos aparece la altura de las torres proyectadas, que podrían alcanzar hasta 145 metros, además de la modificación del paisaje costero y la construcción de canales internos de agua. Los sectores críticos advierten que estas intervenciones podrían alterar el ecosistema ribereño y afectar el funcionamiento ambiental de la Reserva Ecológica.

También existe preocupación por el impacto que el emprendimiento podría tener sobre barrios cercanos como La Boca, Nueva Pompeya y el barrio Rodrigo Bueno. Diversas organizaciones sociales y urbanísticas sostienen que el avance de desarrollos inmobiliarios de lujo podría profundizar los procesos de valorización del suelo y aumentar las desigualdades en el acceso al espacio público costero.

Durante instancias previas de participación ciudadana, numerosos vecinos, arquitectos, urbanistas y referentes ambientales manifestaron objeciones al proyecto. Entre otros puntos, reclamaron estudios de impacto ambiental actualizados y una evaluación integral sobre las consecuencias de la urbanización sobre el humedal costero.

Las organizaciones ambientalistas consideran además que el modelo urbanístico propuesto prioriza la rentabilidad inmobiliaria por encima de la preservación ambiental y del acceso democrático a la ribera. Algunos sectores incluso comparan el emprendimiento con un enclave urbano de alta gama aislado del tejido social circundante.

Por su parte, el presidente de IRSA, Eduardo Elsztain, defendió públicamente la iniciativa y aseguró que el proyecto permitirá modernizar el borde costero porteño, generar empleo y atraer inversiones de gran magnitud. El empresario definió el emprendimiento como una suerte de “Dubái argentina”, una descripción que fue ampliamente replicada tanto por defensores como detractores del plan urbano.

En el plano político, Costa Urbana también generó tensiones dentro de la Legislatura porteña. Si bien el oficialismo logró avanzar con distintas aprobaciones parlamentarias, sectores opositores cuestionaron los beneficios otorgados a grandes desarrolladoras inmobiliarias y reclamaron mayores garantías ambientales.

El debate excede el caso puntual del emprendimiento y se transformó en una discusión más amplia sobre el modelo de ciudad que proyecta Buenos Aires para las próximas décadas. Mientras algunos sectores impulsan la expansión urbana y el desarrollo del mercado inmobiliario de alta gama, otros reclaman políticas centradas en la preservación ambiental, la integración urbana y el acceso público a la costa.

La audiencia pública del 22 de junio aparece ahora como un nuevo capítulo dentro de un proceso que ya atravesó discusiones legislativas, objeciones técnicas y presentaciones judiciales. Incluso, especialistas advierten que la aprobación definitiva del nuevo Certificado de Aptitud Ambiental podría derivar en nuevas controversias judiciales si persisten cuestionamientos sobre el impacto ecológico de las obras.

En ese contexto, la definición sobre Costa Urbana se perfila como uno de los debates urbanísticos y ambientales más relevantes de los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires, con implicancias directas sobre el futuro de la Costanera Sur y el vínculo entre desarrollo inmobiliario, espacio público y protección ambiental.