Protesta en el Hospital Borda contra la reforma de la Ley de Salud Mental

Trabajadores de la salud, organizaciones sindicales y referentes de derechos humanos realizaron una convocatoria frente al Hospital José Tiburcio Borda, en el barrio porteño de Barracas, para manifestarse en rechazo a la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental y a una serie de modificaciones impulsadas dentro del histórico establecimiento psiquiátrico.

La movilización fue convocada por ATE Capital para este martes 19 de mayo a las 10 de la mañana y se desarrolló bajo distintas consignas vinculadas a la defensa del sistema público de salud mental. Entre los principales reclamos se destacaron el rechazo a la modificación de la Ley 26.657, la oposición al traslado del área de Clínica Médica y las críticas a la creación de un denominado “Hospital Judicial”.

Desde el gremio sostuvieron que las medidas proyectadas implican un retroceso en materia sanitaria y de derechos humanos. Según expresaron, varias de las iniciativas planteadas contradicen los principios establecidos por la legislación vigente, que promueve tratamientos interdisciplinarios, la integración social de los pacientes y el abandono del modelo manicomial.

Uno de los puntos que generó mayor preocupación entre los trabajadores es la creación de un servicio clínico crónico destinado a personas sin padecimientos psiquiátricos. Desde ATE Capital señalaron que esta propuesta representa un retorno a prácticas de aislamiento institucional que la Ley Nacional de Salud Mental buscó reemplazar hace más de una década.

Para los manifestantes, la implementación de este esquema implicaría reinstalar lógicas asilares dentro de un hospital público especializado en salud mental. En ese sentido, remarcaron que el enfoque actual debe estar orientado a la inclusión social y al tratamiento comunitario, evitando estructuras de encierro prolongado.

Otro de los ejes del reclamo estuvo vinculado al proyecto de crear un “Hospital Judicial” dentro del Borda. De acuerdo con lo denunciado por el sindicato, allí permanecerían personas con padecimientos mentales que además enfrentan causas judiciales, bajo custodia policial permanente.

Los trabajadores advirtieron que esta iniciativa podría profundizar procesos de criminalización sobre personas en situación de vulnerabilidad social. “Medicalizar la pobreza y la conflictividad social” fue una de las expresiones utilizadas por referentes gremiales para cuestionar el proyecto.

La presencia policial dentro del establecimiento también fue objeto de fuertes críticas. Según denunciaron desde ATE Capital, una antigua librería del hospital habría sido transformada en un espacio destinado al resguardo de armas de efectivos policiales que cumplen funciones de custodia.

Para el sindicato, esta modificación altera la dinámica institucional del hospital y refuerza una lógica represiva incompatible con un ámbito de atención sanitaria. Los trabajadores consideran que la incorporación de estructuras vinculadas al control policial modifica el perfil asistencial del establecimiento y genera preocupación tanto entre profesionales como entre pacientes.

A esto se suma el rechazo a la posible unificación de los servicios de Clínica Médica y Cirugía dentro de un mismo sector físico. Desde el gremio aseguraron que la medida sería “inviable e insegura” debido a las características edilicias y a las necesidades específicas de cada área.

En el marco de la convocatoria, organizaciones sociales, agrupaciones sindicales y organismos de derechos humanos acompañaron el reclamo y manifestaron su preocupación por el rumbo de las políticas públicas en salud mental.

El Hospital Borda es uno de los establecimientos más emblemáticos del país en materia psiquiátrica y, desde hace años, se encuentra en el centro de distintos debates vinculados a la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010 con el objetivo de transformar el modelo de atención y promover un enfoque basado en derechos humanos.

La protesta intenta visibilizar el rechazo de trabajadores y organizaciones a cualquier modificación que, según sostienen, implique un retroceso respecto de los avances alcanzados en materia de atención integral y desmanicomialización.