Nuevo desalojo en el barrio de La Boca

El pasado viernes 17 de octubre, el barrio de La Boca fue nuevamente epicentro de la crisis habitacional que atraviesa el sur porteño. Un operativo conjunto de policía e infantería de la Ciudad de Buenos Aires desalojó de manera violenta a treinta y cinco familias que residían en un edificio sobre la calle 20 de septiembre, a metros de la avenida Almirante Brown. La acción fue justificada de manera “preventiva” por la presencia de pérdidas de gas detectadas en la estación de servicio Shell de la esquina, la cual también fue clausurada por infracciones de seguridad ambiental y riesgo de contaminación de napas, a sólo dos cuadras del Hospital Cosme Argerich.​

Sin ofrecer alternativas habitacionales dignas, el gobierno porteño dispuso el traslado de los afectados a paradores, lo que implicó la separación de grupos familiares y la permanencia de algunos en la vía pública. Vecinos y trabajadores denuncian que las familias sólo pudieron retirar lo puesto y se enfrentan a la incertidumbre ante la falta de respuestas oficiales. Desde el mismo día del desalojo, los damnificados, acompañados por la comunidad, realizan cortes diarios en Almirante Brown y Espinosa, exigiendo soluciones habitacionales y asistencia concreta ante la amenaza de quedar desamparados por largos meses.

Este desalojo se suma a una serie de operativos que, según referentes locales, responden a un proceso de expulsión de históricas familias trabajadoras para facilitar la especulación inmobiliaria y turística, en un contexto de fuerte ajuste, aumento del desempleo y congelamiento salarial. La ausencia de controles estatales sobre el funcionamiento de la estación de servicio clausurada, con graves riesgos para la salud y el ambiente, también fue señalada como una muestra de la precariedad estructural y el desamparo de los sectores más vulnerables.​

Las organizaciones barriales, vecinos y afectados reclaman la urgencia de un plan de viviendas populares y obras públicas con control comunitario, y la conformación de comisiones de seguridad ambiental para evitar tragedias previsibles como consecuencias del abandono estatal.