Freno judicial a desalojos en La Boca

La Justicia porteña dictó una medida cautelar que limita el accionar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en procedimientos vinculados a clausuras de inmuebles habitados, una resolución que fue celebrada por organizaciones sociales y vecinos de La Boca al considerar que representa un resguardo frente a desalojos encubiertos.

La novedad fue difundida por la organización barrial La Boca Resiste y Propone, que informó a la comunidad sobre el alcance de una decisión judicial obtenida a través de una acción de amparo impulsada por habitantes afectados. La resolución establece que el Gobierno porteño no podrá utilizar clausuras justificadas en presuntos riesgos estructurales como mecanismo para desalojar de manera inmediata a familias que residen en conventillos, hoteles familiares y otras viviendas precarias sin cumplir previamente con una serie de requisitos técnicos y sociales.

Desde la organización señalaron que la medida constituye un antecedente relevante en la defensa del derecho a la vivienda y representa una respuesta a numerosos reclamos vecinales por operativos que, según denunciaban, derivaban en la expulsión de residentes sin las garantías correspondientes.

El fallo surge luego de una presentación judicial acompañada por la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEAPI), entidad que tuvo un rol central en la elaboración y seguimiento del amparo. Asimismo, distintos legisladores de la Ciudad se incorporaron al expediente para respaldar los cuestionamientos realizados sobre inspecciones realizadas de manera urgente y sobre el cierre de inmuebles mediante tapiados que los denunciantes calificaron como irregulares.

Según explicaron desde el colectivo barrial, la resolución judicial no afecta los procesos de desalojo que se tramitan entre particulares en los fueros civil o penal. Por el contrario, está dirigida exclusivamente a limitar intervenciones estatales que, bajo el argumento de una situación de emergencia edilicia, puedan derivar en la pérdida inmediata de la vivienda para familias en situación de vulnerabilidad.

Uno de los aspectos más destacados de la medida cautelar es que obliga al Gobierno de la Ciudad a cumplir una serie de pasos previos antes de ordenar el desalojo de un inmueble por razones de seguridad. Entre ellos se encuentran la elaboración de informes técnicos rigurosos que acrediten el riesgo real existente, la realización de relevamientos sociales para determinar la situación de los habitantes afectados y la garantía de una alternativa habitacional inmediata para quienes deban abandonar el lugar.

Las organizaciones que trabajan en la problemática habitacional sostienen que estas exigencias fortalecen la protección de los derechos de los residentes y establecen mayores controles sobre la actuación de los organismos estatales encargados de las inspecciones edilicias.

En barrios como La Boca, donde una parte importante de la población vive en conventillos y edificaciones antiguas con distintos grados de deterioro, la cuestión de las clausuras por riesgo estructural ha sido objeto de controversias durante los últimos años. Diversos colectivos vecinales denunciaron reiteradamente que algunas intervenciones oficiales terminaban generando desplazamientos de familias sin ofrecer soluciones habitacionales adecuadas.

Desde el Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca Resiste y Propone consideraron que la resolución judicial marca un límite a prácticas que venían siendo cuestionadas por los habitantes del barrio. Al mismo tiempo, destacaron que el resultado fue posible gracias a la organización comunitaria, el acompañamiento legal y la articulación con distintos actores institucionales.

La decisión judicial es observada con atención por organizaciones sociales y especialistas en políticas urbanas, ya que podría tener impacto en futuras actuaciones relacionadas con inmuebles en situación de riesgo dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, los vecinos celebran una resolución que, aseguran, fortalece las garantías para quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad habitacional y refuerza el principio de que cualquier intervención estatal debe respetar el debido proceso y el derecho a una vivienda digna.

La medida cautelar se presenta así como un nuevo capítulo en el debate sobre el acceso al hábitat, la protección de los sectores más vulnerables y el equilibrio entre las facultades de control del Estado y los derechos fundamentales de los ciudadanos.