El Senado restablece leyes vetadas de Garrahan y las Universidades

El Senado de la Nación volvió a dar un golpe político a la administración del presidente Javier Milei al restablecer dos leyes que el mandatario había vetado: la ley que declara la emergencia sanitaria en Pediatría, centrada en el Hospital Garrahan del barrio porteño de Parque Patricios , y la ley que garantiza el financiamiento universitario. Ambas aprobaciones se lograron con más de dos tercios de los votos, consolidando un nuevo episodio de tensión entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

Con 59 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, el Senado insistió en la vigencia de la ley de emergencia sanitaria en Pediatría. En el caso del financiamiento universitario, hubo 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, entre ellas la de la senadora radical Carolina Losada, quien mostró una postura más cautelosa en esta votación.

Entre las abstenciones se encontraron los senadores Alfredo Di Angeli, María Victoria Huala y Martín Goerling Lara, mientras que algunos legisladores como Antonio Rodas, Edith Terenzi y Vilma Bedia estuvieron ausentes. La oposición a las leyes y defensores del veto presidencial quedaron reducidos a seis senadores de La Libertad Avanza y dos aliados que se sumaron a esta postura.

Desde el Gobierno reconocen la dificultad para revertir esta derrota legislativa y, según fuentes, evaluaron la posibilidad de que el presidente Milei emitiera un decreto para anular el veto y evitar mayores conflictos. Sin embargo, no hubo un avance concreto ni respuesta oficial hasta el momento.

Cabe recordar que este escenario remite al caso anterior, cuando la ley de discapacidad también fue aprobada a pesar del veto presidencial, y el Ejecutivo optó por suspender su aplicación mediante la reglamentación. En línea con esto, el Senado aprobó una resolución impulsada por Martín Lousteau, con respaldo peronista, para exigir al jefe de Gabinete Guillermo Francos que cumpla con las asignaciones presupuestarias establecidas en la ley, lo que incluye modificar y ampliar los fondos para asegurar el financiamiento necesario.

Este reclamo se fundamenta en la falta de presupuesto actualizado que permita asignar recursos de manera transparente y adecuada, un problema que también impactó en otros proyectos como la Reforma del Régimen Penal Juvenil enviada por el Gobierno el año pasado.

La polémica generada ha llevado a la oposición a impulsar una moción de censura contra el ministro coordinador Francos, con la intención de convocarlo a una interpelación en la próxima sesión del miércoles 8 de octubre. Esta iniciativa busca fortalecer la presión política sobre el oficialismo y asegurar el cumplimiento efectivo de las leyes aprobadas.