Derrumbe en el complejo Procrear Estación Buenos Aires: la fiscalía apunta a fallas estructurales y amplía las imputaciones

La investigación judicial por el derrumbe registrado en el complejo habitacional Procrear “Estación Buenos Aires” dio un giro significativo en las últimas horas. La Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires resolvió reformular el alcance de la causa y sostuvo que el episodio “no puede entenderse como un hecho aislado”, sino como la consecuencia de una cadena de decisiones y omisiones a lo largo del tiempo.

El expediente está en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, que ahora busca determinar responsabilidades penales no solo en la empresa constructora, sino también en todos los actores que intervinieron en la ejecución, supervisión y control de la obra correspondiente al Sector 2 del desarrollo urbanístico.

El hecho bajo análisis es el colapso parcial de una losa en planta baja, ubicada sobre el estacionamiento del primer subsuelo. Según la nueva hipótesis fiscal, la estructura presentaba deficiencias desde su origen. En ese sentido, se imputa a los directivos y responsables técnicos de la constructora haber llevado adelante la obra con “vicios estructurales”, lo que habría comprometido la estabilidad del edificio.

Uno de los puntos más sensibles del dictamen judicial refiere a decisiones técnicas que habrían agravado la situación. Entre ellas, se menciona la colocación de una sobrecarga significativa sobre la losa —compuesta por tierra y placas— sin contar con un sistema de drenaje adecuado. Esta combinación, de acuerdo a la acusación, habría generado condiciones propicias para el deterioro progresivo de la estructura.

La fiscalía también remarcó que los problemas no eran desconocidos. Por el contrario, existían reclamos formales por filtraciones y posibles fallas estructurales desde al menos el año 2022. Incluso se hace referencia a una intimación mediante carta documento enviada en octubre de 2025 que, según consta en el expediente, no fue debidamente atendida antes del derrumbe.

Otro de los ejes de la investigación se centra en las intervenciones realizadas en el período previo al colapso. En particular, se cuestionan trabajos de perforación e impermeabilización ejecutados sobre la losa sin la correspondiente planificación técnica. Estas tareas, llevadas adelante sin documentación respaldatoria ni proyecto previo, habrían contribuido a agravar el estado de una estructura ya comprometida.

La mirada judicial también alcanza a la dirección de obra, a cuyos integrantes se les atribuye no haber ejercido un control técnico adecuado durante la ejecución del proyecto. Además, se cuestiona la aprobación de instancias formales como la recepción provisoria y definitiva de la obra, pese a la existencia de observaciones previas que advertían sobre posibles fallas.

En paralelo, la fiscalía detectó omisiones en los informes técnicos elevados durante la etapa de postventa. Según se detalla, no se habría incluido información relevante sobre el conflicto estructural del sector afectado en los reportes dirigidos al Banco Hipotecario, que actuaba como fiduciario del proyecto. Esta falta de información habría limitado la capacidad de otros actores para intervenir a tiempo.

En ese marco, el propio banco también quedó bajo análisis judicial. La acusación sostiene que sus representantes no habrían cumplido adecuadamente con su deber de control, pese a contar con antecedentes documentados sobre los problemas estructurales del edificio.

El complejo Estación Buenos Aires forma parte de los desarrollos urbanísticos impulsados en el marco del programa Procrear, orientado a facilitar el acceso a la vivienda. El avance de la causa pone en foco no solo la responsabilidad puntual de los implicados, sino también los mecanismos de control y supervisión en obras de gran escala.

Con esta reformulación, la investigación entra en una nueva etapa, con un enfoque más amplio que busca reconstruir la secuencia completa de hechos y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en un caso que podría sentar precedentes en materia de control de obra pública y privada en la Ciudad.