Derrumbe en el complejo Estación Buenos Aires: la Justicia investiga posibles irregularidades de la constructora

La investigación judicial por el derrumbe ocurrido a comienzos de marzo en el complejo habitacional Estación Buenos Aires, ubicado en el límite de los barrios de Parque Patricios y Barracas, continúa sumando testimonios y elementos de prueba. La causa, caratulada como estrago culposo, apunta a determinar responsabilidades por el colapso de una estructura dentro del predio y pone bajo análisis el accionar de la empresa constructora encargada de las tareas de reparación.

El expediente se tramita en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a cargo de la fiscal María del Rosario Salvetici. En el marco de la investigación, distintos testigos mencionaron a la firma Constructora Sudamericana S.A. (COSUD), señalando presuntas irregularidades vinculadas tanto con los trabajos realizados en el lugar antes del derrumbe como con actuaciones posteriores al incidente.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 3 de marzo, cuando una losa de aproximadamente 50 por 70 metros se desplomó sobre un estacionamiento subterráneo del complejo. El colapso provocó importantes daños materiales, destruyó decenas de vehículos y obligó a evacuar preventivamente a más de 200 residentes del predio.

El sector afectado corresponde al denominado Sector 2 del complejo, donde la empresa había iniciado trabajos destinados a solucionar filtraciones de agua que, según denuncias de los vecinos, se registraban desde 2022. De acuerdo con la declaración del administrador del consorcio, el problema estructural se concentraba principalmente en las cocheras ubicadas en el subsuelo, donde las filtraciones eran recurrentes cada vez que se registraban lluvias intensas.

El administrador también indicó que durante años se solicitaron intervenciones para resolver el problema. Inicialmente se reclamó al Banco Hipotecario, entidad que impulsó el fideicomiso del proyecto y que tenía responsabilidades vinculadas al mantenimiento del complejo. Posteriormente, las gestiones se dirigieron a la constructora encargada de las reparaciones.

Según consta en el expediente, entre 2023 y comienzos de 2026 se enviaron correos electrónicos, notificaciones formales e incluso cartas documento para advertir sobre la persistencia de las filtraciones y el posible riesgo estructural que representaban. En una primera instancia no hubo respuesta de la empresa. En un segundo intercambio, la firma aseguró que iniciaría reparaciones, aunque sin formalizar un acuerdo por escrito.

Durante ese período se habrían realizado intervenciones consideradas superficiales por los residentes, que no lograron resolver el problema. Finalmente, en febrero de este año, la empresa trasladó al lugar maquinaria pesada con el objetivo de realizar trabajos más profundos sobre el sistema de drenaje del patio central, ubicado sobre el sector del estacionamiento que luego colapsó.

Tras el derrumbe, representantes de la constructora se presentaron en el predio. En un primer momento lo hizo su apoderado legal y posteriormente también acudieron directivos de la compañía, quienes manifestaron su intención de colaborar con la investigación.

Sin embargo, una inspectora convocada por la Oficina de Siniestros de la Ciudad de Buenos Aires declaró ante la fiscalía que durante el relevamiento del lugar se produjo una situación que llamó su atención. Según su testimonio, representantes de la empresa propusieron que el equipo técnico utilizara muestras de materiales que ellos mismos habían recolectado. La funcionaria explicó que el procedimiento exige documentar la extracción de cada muestra en el lugar para garantizar su trazabilidad, por lo que rechazó esa posibilidad.

En paralelo, el abogado Fernando Burlando, quien representa a más de un centenar de damnificados, solicitó a la Justicia que amplíe la investigación para incluir a directivos, técnicos y profesionales vinculados con el diseño estructural, la dirección de obra y los controles del proyecto.

Entre los puntos señalados en la presentación judicial, los denunciantes advirtieron sobre una presunta alteración de la escena del derrumbe. Según indicaron, cuatro días después del colapso ingresó una retroexcavadora al área afectada cuando el edificio aún permanecía evacuado. De acuerdo con el planteo, el uso de maquinaria pesada podría haber modificado el estado original del lugar y eventualmente haber afectado evidencias relevantes para la causa.

El informe técnico preliminar incorporado al expediente señala que el colapso podría estar relacionado con una combinación de sobrecarga estructural y falta de mantenimiento. Entre los daños observados se registraron fisuras en paredes externas, filtraciones de agua persistentes, manchas de humedad y sectores donde las vigas presentaban armaduras metálicas expuestas debido a la pérdida del hormigón que debía recubrirlas.

Los especialistas también detectaron que sobre la losa se había colocado un relleno de aproximadamente 40 centímetros de suelo cubierto con una capa similar a laja. Esa carga adicional, sumada a la acumulación de agua provocada por deficiencias en el drenaje, habría contribuido al deterioro progresivo de la estructura.

Mientras la investigación judicial continúa, los vecinos del complejo mantienen la preocupación por el estado general del edificio. Durante el último fin de semana, unas 300 personas que debieron abandonar sus departamentos realizaron un encuentro en las inmediaciones del predio para compartir información sobre la situación de las obras y expresar su inquietud por el avance de la causa.

La reunión incluyó un abrazo simbólico alrededor del complejo, en señal de apoyo entre los residentes y como forma de visibilizar el reclamo de esclarecimiento de lo ocurrido. Muchos de ellos continúan a la espera de poder regresar a sus viviendas, mientras la Justicia intenta determinar las causas del derrumbe y las eventuales responsabilidades.