Denuncian a Milei y Lugones por “grave incumplimiento de sus funciones”

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan del barrio porteño de Parque Patricios presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Lugones, acusándolos de grave incumplimiento de sus funciones y de un presunto “ataque al orden democrático”. Esta medida se basa en la reciente promulgación de la Ley de Emergencia en Pediatría, la cual, pese a haber sido aprobada, sigue sin aplicarse de manera efectiva, situación que agrava el delicado estado de la atención pediátrica pública en Argentina.​

La denuncia, presentada en el Juzgado Federal N° 2, sostiene que los funcionarios podrían estar incurriendo en delitos previstos en los artículos 210, 248 y 249 del Código Penal, vinculados con el incumplimiento de los deberes de funcionario público y acciones en detrimento del sistema democrático. El escrito remarca que la suspensión en la implementación de la Ley de Emergencia Nacional de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales pone en riesgo a niños y personal médico, y constituye una desprotección evidente del principal hospital pediátrico del país.​

El contexto de la denuncia refleja una problemática estructural en el Garrahan, que desde hace tiempo enfrenta recortes presupuestarios, pérdida de profesionales por los bajos salarios y condiciones laborales adversas. Desde la gestión de Milei, las asociaciones gremiales denuncian una política de vaciamiento progresivo, tendiente a degradar el acceso público y de calidad a la salud infantil, con más de 200 renuncias de personal en lo que va del año y una reducción de servicios esenciales para la población más vulnerable.​

La situación se enmarca en un clima de creciente malestar en el sector salud y universitario, con medidas judiciales de distintos colectivos frente a lo que consideran una grave omisión del Estado en políticas públicas esenciales. La APyT denuncia además que el hospital tiene fondos retenidos sin ser aplicados y que los aumentos salariales ofrecidos han sido insuficientes y discriminatorios, agravando el desequilibrio y la falta de recursos para garantizar una atención digna.​

De este modo, el Hospital Garrahan se posiciona nuevamente como símbolo de la defensa de la salud pública, enfrentando a una administración nacional acusada de abandonar la protección de los derechos básicos de la infancia y del personal sanitario especializado.