Crisis habitacional en sur porteño

El ambicioso plan de urbanización y relocalización diseñado para cumplir con el histórico fallo de la Causa Mendoza, que ordenó el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, atraviesa su hora más crítica. Lo que fue prometido como una solución definitiva para dignificar la vida de cientos de familias de las Villas 21-24 y 26 se ha transformado, con el correr de los meses, en una nueva trampa de precariedad y exclusión económica en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

El traslado desde las márgenes contaminadas del río hacia los modernos complejos habitacionales buscaba erradicar de raíz la vulnerabilidad ambiental. Sin embargo, la realidad intramuros relata una crónica muy distinta. Apenas se asentaron en sus nuevos hogares, los adjudicatarios comenzaron a convivir con fallas de construcción severas y un acelerado deterioro de las áreas comunes, problemas que se potencian por la total falta de respuestas oficiales.

Los testimonios de los residentes reflejan una situación desesperante que afecta el día a día y la seguridad física de los habitantes. “Los pisos de cada departamento se levantan, explotan como si le pusieran dinamita. La humedad de a poco se va adueñando de cada unidad”, describe con crudeza Elisa Alegre, vecina del complejo Ribera del Iguazú, uno de los tantos monoblocks afectados por la desidia constructiva.

A las baldosas que se desprenden y a las filtraciones crónicas de agua se le suman deficiencias estructurales en las redes de servicios básicos, ascensores permanentemente fuera de servicio y un abandono generalizado de la infraestructura compartida. La falta de un mantenimiento técnico centralizado ha provocado que edificios con pocos años de antigüedad muestren signos de desgaste propios de estructuras abandonadas.

Al problema edilicio se le añade una dimensión financiera imposible de sostener para una población mayoritariamente subocupada o dependiente de la economía informal. Al pasar a la formalidad habitacional, las familias fueron alcanzadas por el cobro de expensas, impuestos municipales y tarifas plenas de servicios públicos locales.

En el contexto socioeconómico actual, estos costos se han vuelto prohibitivos. Las deudas se acumulan mes a mes, generando una presión financiera asfixiante sobre los hogares y la amenaza latente de perder la titularidad de los inmuebles. La falta de esquemas de subsidios específicos o tarifas sociales adaptadas a la realidad de los barrios populares convirtió el sueño de la casa propia en una carga económica insostenible.

Ante la gravedad del panorama, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires tomó cartas en el asunto y presentó un proyecto de ley ante la Legislatura porteña. La iniciativa busca declarar de manera urgente la emergencia habitacional, edilicia y de infraestructura en siete de los complejos habitacionales construidos en el sur de la Capital.

El eje central del proyecto apunta directamente a la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad. Se exige de forma perentoria que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) vuelva a asumir el rol de administrador y se haga cargo del mantenimiento básico y de las reparaciones de fondo. Para los organismos de derechos humanos, la entrega de la llave es apenas el primer paso de una política pública; garantizar el derecho a la vivienda digna implica, fundamentalmente, generar las condiciones socioeconómicas y edilicias para que las familias vulnerables puedan sostener el techo en el tiempo, sin que esto signifique su quiebra financiera o un riesgo para su salud.