Comienza el juicio por el triple lesbicidio de Barracas

Este lunes comenzará en la Ciudad de Buenos Aires el juicio oral por el ataque incendiario ocurrido en mayo de 2024 en una pensión del barrio de Barracas, un hecho que provocó la muerte de tres mujeres y dejó a una sobreviviente con graves secuelas físicas y psicológicas. El caso, conocido públicamente como el “triple lesbicidio de Barracas”, será analizado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5, que deberá determinar la responsabilidad penal del único imputado, Justo Fernando Barrientos.

La causa es seguida de cerca por organizaciones feministas, organismos de derechos humanos y colectivos de diversidad sexual, que consideran el proceso judicial un caso emblemático en materia de violencia motivada por odio hacia la orientación sexual.

Según informaron fuentes judiciales, las audiencias comenzarán a las 9.30 y se extenderán durante varias jornadas. Está prevista la declaración de alrededor de 20 testigos entre vecinos, policías, peritos y profesionales que participaron de la investigación y de la asistencia a las víctimas tras el incendio.

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 6 de mayo de 2024 en una pensión ubicada sobre la calle Olavarría al 1600, en el barrio porteño de Barracas. De acuerdo con la acusación, el imputado habría arrojado un artefacto incendiario tipo molotov dentro de la habitación donde dormían Pamela Cobbas, Andrea Amarante, Roxana Figueroa y Sofía Castro Riglos.

El fuego se propagó rápidamente dentro del cuarto y provocó heridas gravísimas en las cuatro mujeres. El ataque generó conmoción en todo el país por la violencia del hecho y por las características discriminatorias que rodearon el caso.

Justo Fernando Barrientos permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza y enfrentará cargos por homicidio agravado y tentativa de homicidio.

La querella sostiene que el acusado debe ser condenado por cuádruple homicidio doblemente agravado: por violencia de género y por odio hacia la orientación sexual de las víctimas. En el caso de la sobreviviente, la acusación corresponde al delito en grado de tentativa. De confirmarse esos agravantes, la pena prevista es prisión perpetua.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal también impulsa agravantes vinculados con el uso de un medio incendiario en un lugar habitado, alevosía y motivaciones discriminatorias basadas en prejuicios hacia las víctimas.

La única sobreviviente del ataque, Sofía Castro Riglos, no declarará en esta etapa del juicio por recomendación médica. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que aún atraviesa un complejo proceso de recuperación emocional y psicológica producto del trauma sufrido aquella noche.

Castro Riglos estuvo internada durante varias semanas en el Instituto del Quemado y continúa bajo tratamiento. Sus allegados señalaron que su intención era participar del juicio, aunque los profesionales de salud consideraron que la exposición pública podría agravar las secuelas.

El incendio provocó la muerte de tres mujeres en pocos días. Pamela Cobbas falleció el 7 de mayo de 2024 en el Instituto del Quemado, apenas un día después del ataque. Roxana Figueroa murió dos días más tarde como consecuencia de las graves quemaduras sufridas en gran parte de su cuerpo.

En tanto, Andrea Amarante permaneció internada durante cinco días en el Hospital Penna antes de fallecer debido a las lesiones provocadas por el fuego.

El caso generó una fuerte movilización de organizaciones sociales y colectivos LGBTIQ+, que desde el inicio reclamaron que el hecho fuera investigado como un crimen de odio y un lesbicidio. Durante las distintas etapas de la causa se realizaron marchas, vigilias y actividades públicas para exigir justicia y visibilizar la violencia contra las disidencias sexuales.

Diversas organizaciones anticiparon que acompañarán el desarrollo del juicio frente a los tribunales porteños. También remarcaron la importancia de que la Justicia reconozca explícitamente el componente discriminatorio del ataque y siente un precedente en materia de derechos humanos y diversidad.

El debate oral no sólo buscará establecer responsabilidades penales, sino también determinar si el crimen puede ser encuadrado judicialmente como un acto motivado por odio hacia la orientación sexual de las víctimas. Para los colectivos que siguen la causa, el fallo podría marcar un antecedente relevante para futuras investigaciones vinculadas con violencia hacia personas lesbianas, gays, bisexuales y trans.

Mientras avanzan las audiencias, la expectativa está puesta en el análisis de las pruebas reunidas durante la instrucción, incluidos los peritajes realizados en la escena del incendio y distintos estudios forenses incorporados al expediente.

La resolución que adopte el tribunal será observada con atención tanto por organismos de derechos humanos como por especialistas en violencia de género y diversidad, en un caso que expuso con crudeza las consecuencias extremas de los discursos y actos de odi