Avanza la investigación por presuntas irregularidades en licitaciones: foco en contratos tecnológicos y vínculos empresariales en Parque Patricios

La Justicia federal comenzó a profundizar una serie de medidas de prueba en el marco de una causa que busca esclarecer posibles irregularidades en contrataciones de servicios digitales del Estado nacional. El expediente, impulsado por el fiscal Carlos Stornelli a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, pone bajo análisis licitaciones millonarias, presuntos conflictos de interés y relaciones comerciales que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la consultora +BE, propiedad de su esposa, Betina Angeletti.

Uno de los ejes centrales de la investigación está vinculado a un proceso licitatorio realizado en 2025 para la contratación de servicios de mensajería masiva —SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas— que fue adjudicado a la firma ATX S.A. por más de 3.650 millones de pesos. Según la denuncia, existen indicios de posibles vínculos entre las empresas participantes, entre ellas Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría configurar una simulación de competencia.

En este punto, cobra relevancia el barrio de Parque Patricios, donde varias de las compañías involucradas habrían compartido domicilio legal. Además, se menciona que algunos de sus directivos mantuvieron relaciones laborales previas, lo que refuerza las sospechas sobre una eventual coordinación para aparentar pluralidad de ofertas en el proceso.

La fiscalía también analiza posibles sobreprecios en las contrataciones. Como ejemplo, se menciona una diferencia en los valores abonados por servicios similares en otras dependencias estatales, donde el costo por SMS habría registrado incrementos significativos.

Otro aspecto bajo investigación es el entramado de relaciones comerciales entre la consultora +BE y empresas que mantienen contratos con el Estado. Entre sus clientes figuran compañías como el Grupo Foggia y el Grupo Datco, así como National Shipping S.A., firma vinculada a operaciones con YPF. Este último punto adquiere especial relevancia a partir de la designación de Adorni como director titular de la petrolera estatal en representación del Estado.

En paralelo, la causa incluye el análisis del proceso de concesión del predio de Tecnópolis por un período de 25 años. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), encargada de ese procedimiento, depende de la Jefatura de Gabinete, lo que suma otro elemento a evaluar dentro del expediente judicial.

Ante este escenario, el fiscal Stornelli solicitó al juez Ariel Lijo una batería de medidas orientadas a reunir documentación clave. Entre ellas, el envío de expedientes administrativos vinculados a contrataciones tecnológicas, informes sobre concesiones de bienes públicos y detalles de procesos de compra relacionados con servicios de comunicación.

Asimismo, se requirió la intervención de la Inspección General de Justicia para obtener los legajos societarios de diversas firmas del sector tecnológico, con el objetivo de identificar a sus verdaderos beneficiarios y determinar si existieron estructuras empresariales diseñadas para direccionar contrataciones.

La fiscalía también pidió información a la Jefatura de Gabinete sobre la recurrencia de determinadas empresas como proveedoras del Estado, en busca de reconstruir el circuito de adjudicaciones y verificar si se respetaron los principios de transparencia y competencia.

Las sospechas que atraviesan la causa incluyen delitos como fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, las medidas solicitadas deberán ser autorizadas por el juez Lijo, quien también lleva adelante otra investigación vinculada al patrimonio del actual jefe de Gabinete.