Tormenta Negra llegó a la Comuna 4 y generó críticas en Villa 21-24 y Zavaleta

El Gobierno porteño desplegó más de 1.500 policías y agentes de distintas áreas en 15 villas y barrios populares de la Ciudad. En la Comuna 4, el operativo alcanzó a la Villa 21-24 y Zavaleta. El balance oficial informó 17 detenidos y 192 vehículos secuestrados, aunque no detalló arrestos en ese sector. Vecinos y organizaciones de derechos humanos cuestionaron el despliegue y plantearon reparos sobre la forma en que se desarrollaron los controles.

La Villa 21-24 y Zavaleta fueron escenario, en la Comuna 4, de una nueva intervención policial de gran escala denominada “Tormenta Negra”, el operativo impulsado por el Gobierno de la Ciudad que desplegó más de 1.500 efectivos y agentes de distintas áreas en 15 villas y barrios populares porteños.

La acción se inició el jueves por la tarde, pasadas las 18, y tuvo como objetivo declarado reforzar la seguridad y avanzar con el ordenamiento del espacio público. De acuerdo con el balance difundido por el Gobierno porteño, hubo 17 personas detenidas y se secuestraron 192 vehículos en el conjunto de los barrios alcanzados.

Sin embargo, en la información oficial difundida hasta el momento no aparecen detenidos específicamente identificados en la Villa 21-24 y Zavaleta. El detalle general señala que 11 personas fueron detenidas por presunta comercialización de estupefacientes, tres por tenencia de drogas, dos por tentativa de robo y una por registrar un pedido de captura.

La falta de información específica sobre los resultados en la Comuna 4 contrasta con el fuerte despliegue de fuerzas de seguridad que se produjo en el territorio y con el impacto que este tipo de operativos genera en la vida cotidiana de quienes viven en los barrios intervenidos.

Controles, vehículos y espacio público

Según la información oficial, durante el operativo se realizaron controles de personas y vehículos, mientras que distintos equipos del Gobierno porteño trabajaron en la remoción de automóviles abandonados, residuos y chatarra acumulada en calles y veredas.

También se realizaron inspecciones en comercios y establecimientos vinculados con actividades consideradas irregulares por las autoridades, entre ellos chatarrerías y corralones que comercializan materiales para la construcción sin habilitación.

El operativo involucró a la Policía de la Ciudad, Tránsito y Transporte, Espacio Público, Bomberos, la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (PROCOM) y el SAME.

En el conjunto de los barrios intervenidos, la AGC inspeccionó 30 comercios y, según datos difundidos posteriormente, 12 establecimientos fueron clausurados por infracciones vinculadas con condiciones de seguridad e higiene. También fueron retirados 26 automóviles abandonados, mientras que los vehículos secuestrados por infracciones fueron enviados a depósitos.

El mensaje del Gobierno porteño

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, defendió el operativo y sostuvo que las acciones buscan aplicar las normas de manera uniforme en todos los sectores de la Ciudad.

“Los vamos a buscar con todo el peso de la ley, que es igual para todos, en la villa o en los barrios, porque la Ciudad es una sola”, afirmó el mandatario al referirse al despliegue.

Macri también señaló que su administración tiene como objetivo recuperar el orden en el espacio público y sostuvo que la política de seguridad debe alcanzar a los distintos sectores sociales.

“Yo fui muy claro cuando me votaron: dije que voy a recuperar el orden y lo estamos haciendo. Quiero que la gente de cualquier nivel social pueda vivir bien”, expresó.

Desde el Gobierno porteño se presentó la intervención como parte de una estrategia que combina seguridad, controles urbanos y fiscalización de actividades comerciales. La administración porteña ya había realizado en mayo un operativo de características similares en barrios populares, también con más de 1.500 efectivos.

Reclamos y cuestionamientos en los barrios

El despliegue también provocó cuestionamientos entre habitantes de los barrios populares alcanzados por la medida y organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos.

Distintas organizaciones territoriales y sociales habían expresado previamente su rechazo a la modalidad de estos operativos y cuestionaron lo que consideran una fuerte presencia policial en los barrios populares. En mayo, luego de la primera intervención bajo el nombre “Tormenta Negra”, organizaciones territoriales difundieron comunicados críticos y denunciaron lo que calificaron como un abordaje represivo.

También hubo cuestionamientos posteriores vinculados con el impacto que estos procedimientos tienen sobre la vida cotidiana de los vecinos y con la percepción de estigmatización de quienes viven en villas y asentamientos.

En el caso de la Comuna 4, la intervención adquiere una particular dimensión por tratarse de un territorio con una fuerte presencia de organizaciones sociales, clubes, instituciones comunitarias y una población que desde hace años reclama políticas de urbanización y mejoras en infraestructura y servicios.

Una política que tendrá continuidad

El Gobierno porteño anticipó que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia más amplia. Además de los operativos en villas y barrios populares, la Ciudad lleva adelante controles en los límites con la provincia de Buenos Aires, procedimientos en centros de transbordo y acciones contra la comercialización de teléfonos celulares de origen presuntamente ilícito.

La administración también vincula estas medidas con el control de construcciones irregulares y la fiscalización de establecimientos comerciales.

En la Comuna 4, por ahora, el dato más concreto es que Villa 21-24 y Zavaleta fueron incluidos en el despliegue, pero el balance oficial no informó detenidos específicamente en esos barrios. El resultado general de 17 arrestos corresponde al conjunto de las 15 zonas intervenidas y no permite atribuir automáticamente esas detenciones a la Comuna 4.

Mientras el Gobierno porteño sostiene que la presencia policial y los controles buscan garantizar el cumplimiento de la ley en todo el territorio, vecinos y organizaciones reclaman que las políticas de seguridad sean acompañadas por intervenciones sociales y urbanas sostenidas. El debate sobre el alcance de estos operativos, su impacto cotidiano y las formas de intervención en los barrios populares quedó nuevamente instalado tras la jornada de Tormenta Negra.