Proponen la emergencia en salud mental

Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley para declarar por dos años la Emergencia Nacional en Salud Mental. La iniciativa plantea reforzar el sistema público, reincorporar al personal despedido del Hospital Laura Bonaparte de Parque Patricios, ampliar la atención en todo el país y crear un fondo federal específico para financiar las medidas.

La situación de la salud mental volvió a ocupar un lugar central en la agenda del Congreso. Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley que propone declarar la Emergencia Nacional en Salud Mental durante un período de dos años, con el objetivo de implementar medidas urgentes destinadas a fortalecer la atención pública y ampliar el acceso a los tratamientos en todo el territorio argentino.

La iniciativa incorpora una serie de medidas que buscan complementar la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y plantea una intervención del Estado en distintos niveles de atención. Entre los puntos que generan mayor atención se encuentra la propuesta de reincorporar al personal cesanteado del Hospital Laura Bonaparte, institución especializada ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios y que se convirtió en uno de los principales focos de debate sobre las políticas públicas de salud mental.

El proyecto fue impulsado por un grupo heterogéneo de legisladores y lleva las firmas de Cecilia Moreau, Germán Martínez, Oscar Herrera Ahuad, Mónica Frade, Esteban Paulón, Nicolás Massot, Marcela Pagano, Natalia de la Sota, Lourdes Arrieta, Pablo Yedlin, Victoria Tolosa Paz, Juan Carlos Molina, Teresa García, Jimena López e Hilda Aguirre.

La propuesta parte de un diagnóstico sobre las dificultades que atraviesa actualmente el sistema de atención y apunta a establecer una serie de acciones de carácter federal, con participación de las distintas jurisdicciones. En ese sentido, uno de los principales objetivos consiste en abrir, adecuar y fortalecer dispositivos destinados a la asistencia en salud mental en todo el país.

La iniciativa no se limita a la atención hospitalaria. También contempla un refuerzo de los recursos humanos y de las estructuras existentes, con la intención de ampliar la capacidad de respuesta ante una demanda que requiere profesionales especializados y dispositivos de atención próximos a las comunidades.

El Bonaparte, en el centro de la propuesta

Uno de los aspectos más concretos del proyecto está relacionado con el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte, ubicado en Parque Patricios. La iniciativa establece expresamente la reincorporación del personal que fue cesanteado, una medida que busca recomponer los equipos de trabajo y recuperar capacidad operativa en una institución que tiene una trayectoria específica en el abordaje de problemáticas vinculadas con la salud mental y las adicciones.

La situación del hospital tuvo especial repercusión pública por el impacto que las modificaciones en su funcionamiento tuvieron sobre trabajadores y usuarios. En ese contexto, la propuesta legislativa incorpora al Bonaparte dentro de un paquete más amplio de medidas destinadas a fortalecer la estructura estatal de atención.

Otro de los ejes está puesto en la formación de profesionales. El proyecto propone fortalecer las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental y Adicciones (RISAM), consideradas una herramienta fundamental para la formación de especialistas y para la incorporación de nuevos profesionales al sistema público.

A la vez, se plantea el restablecimiento inmediato del Programa Remediar en su componente de Salud Mental, con la intención de recuperar una herramienta vinculada al acceso a medicamentos y a la atención sanitaria en sectores que dependen especialmente del sistema público.

Más recursos y atención telefónica

El texto también pone el foco en las líneas gratuitas de atención en salud mental. La propuesta contempla incrementar la cantidad de operadores disponibles, de manera de ampliar la capacidad de respuesta ante las consultas y situaciones que requieren orientación o asistencia.

A esto se suma una política de distribución de recursos humanos especializados que, según establece el proyecto, debería realizarse de manera equitativa y de acuerdo con las necesidades particulares de cada provincia.

La desigualdad territorial constituye uno de los problemas que la iniciativa busca abordar. El acceso a profesionales y dispositivos especializados no es uniforme en todo el país, por lo que el proyecto propone que la asignación de recursos tenga en cuenta las características y demandas de cada jurisdicción.

También se incorpora como objetivo garantizar el acceso oportuno a psicofármacos, siempre de acuerdo con la prescripción médica. La propuesta establece que ese acceso debería realizarse de manera equitativa y sin restricciones que puedan dificultar la continuidad de los tratamientos.

Un capítulo especial para niños y adolescentes

La iniciativa incluye además un apartado específico para niños, niñas y adolescentes, considerados una población que requiere estrategias de atención diferenciadas.

En este punto, el proyecto plantea incorporar equipos interdisciplinarios con formación específica en salud mental dentro de los dispositivos correspondientes al primer nivel de atención. La idea es que la detección y el abordaje de las distintas situaciones puedan realizarse de manera temprana y cerca del lugar donde viven las familias.

También se propone diseñar e implementar programas integrales de salud mental destinados a niños, niñas y adolescentes, con una mirada que exceda la respuesta ante una crisis y permita desarrollar políticas sostenidas de prevención, acompañamiento y tratamiento.

Un fondo federal para sostener las medidas

Para financiar el conjunto de acciones previstas, los diputados plantean crear el Fondo Especial Federal Solidario para la Emergencia en Salud Mental. El mecanismo tendría vigencia durante el período de emergencia y estaría destinado a garantizar los recursos necesarios para poner en marcha las medidas contempladas en la iniciativa.

Entre las fuentes de financiamiento propuestas aparece un porcentaje de la recaudación correspondiente al impuesto a las apuestas online que actualmente se destina al Tesoro Nacional. De esta manera, el proyecto busca establecer una fuente específica de recursos para sostener las políticas de salud mental y evitar que las medidas queden únicamente sujetas a partidas presupuestarias generales.

La declaración de emergencia propuesta tendría una duración de dos años, período durante el cual deberían implementarse las distintas acciones previstas y fortalecerse los dispositivos públicos de atención.

El proyecto deberá ahora atravesar el correspondiente debate legislativo, donde se discutirá tanto el diagnóstico sobre la situación del sistema como las herramientas propuestas para hacer frente a sus dificultades. Su presentación vuelve a instalar en el Congreso una discusión que excede la cuestión presupuestaria y alcanza al funcionamiento de los servicios públicos, la disponibilidad de profesionales y medicamentos y la necesidad de contar con políticas específicas para distintos grupos de la población.

La reincorporación de trabajadores del Hospital Laura Bonaparte, el fortalecimiento de las residencias, la recuperación de programas de asistencia, la ampliación de las líneas telefónicas y la creación de un fondo federal forman parte de un mismo planteo: reforzar la presencia del Estado en un área considerada prioritaria.

Mientras el proyecto comienza su recorrido parlamentario, el debate sobre la salud mental vuelve a poner el foco en la capacidad del sistema público para responder a una demanda creciente y en la necesidad de garantizar que la atención no dependa del lugar del país donde viva cada persona. La iniciativa pretende que, durante los próximos dos años, esa discusión se traduzca en medidas concretas, recursos específicos y una estructura de atención con mayor alcance federal.