Garrahan: Norma Lezana rechazó su despido

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos cuestionó la decisión de las autoridades del hospital y aseguró que la medida está vinculada con las denuncias realizadas por el sindicato sobre el manejo de fondos públicos. Sostuvo que no fue notificada correctamente y anticipó que continuará presentándose a trabajar mientras la Justicia define la situación.

La disputa entre las autoridades del Hospital Garrahan del bario porteño de Parque Patricios y la representación gremial de sus profesionales sumó un nuevo capítulo con el anuncio de la desvinculación de Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT). La dirigente rechazó la medida, cuestionó los argumentos utilizados para justificarla y sostuvo que el conflicto está relacionado con las denuncias que su organización realizó sobre decisiones administrativas y el manejo de recursos públicos dentro del establecimiento.

Lezana, que ingresó al Garrahan en enero de 1988 luego de ganar un concurso público para desempeñarse como nutricionista, aseguró que la comunicación de su desvinculación no se realizó de manera adecuada. Por ese motivo, afirmó que continuará concurriendo al hospital, tal como lo hizo durante las últimas décadas, y que será la Justicia la que deberá resolver la controversia.

El argumento esgrimido por las autoridades para avanzar contra la dirigente sindical estaría relacionado con que no figura que haya atendido pacientes durante 2025. Para Lezana, esa interpretación desconoce directamente la naturaleza del cargo que ocupa dentro de la organización gremial. Durante ese año, marcado por un fuerte conflicto en el hospital, la dirigente se encontraba cumpliendo el mandato para el que fue elegida como secretaria general de la APyT.

“Están haciendo todo mal”, sostuvo Lezana al cuestionar el procedimiento iniciado en su contra. Según explicó, el hecho de que durante un período no haya desarrollado tareas asistenciales como nutricionista no puede utilizarse para contabilizar ausencias de la misma manera que a un trabajador que no ocupa una función sindical.

“No podés contar los días que una secretaria general no trabaja, porque lo principal que tengo que hacer es cumplir con el mandato que tengo”, planteó. Su mandato, indicó, continúa vigente hasta julio del próximo año.

La dirigente también puso el foco en las actividades que desarrolló durante el conflicto que atravesó al Garrahan. Aseguró que continuó concurriendo al establecimiento, que registró su ingreso y que existe constancia mediante el sistema de reconocimiento facial implementado en el hospital. “Mis compañeros saben muy bien dónde estuve”, afirmó, al considerar que las autoridades conocen que su presencia en la institución no implicaba necesariamente el desarrollo de tareas asistenciales, sino también el cumplimiento de sus responsabilidades como representante de los trabajadores.

El enfrentamiento no es nuevo. Lezana recordó que anteriormente había sido incluida en un sumario junto con otros 40 trabajadores, procedimiento que, según su relato, se inició a partir de una protesta desarrollada en la Dirección del hospital. De acuerdo con su versión, en aquella oportunidad había sido señalada como una de las primeras personas sobre las que se pretendía avanzar con una cesantía.

La sindicalista sostuvo que esa protesta fue posteriormente considerada por la Justicia como una acción gremial y no como un delito. Sin embargo, cuestionó que las autoridades del hospital hayan continuado con el proceso administrativo pese a esa definición judicial.

Ahora, el conflicto vuelve a concentrarse en su situación personal, aunque Lezana sostiene que detrás de la decisión existe una disputa política y sindical más amplia. La APyT viene realizando cuestionamientos a la gestión del hospital y denunciando presuntas irregularidades o inconsistencias vinculadas con la utilización de fondos públicos.

Entre los casos mencionados por la organización se encuentra la compra de 310 camas de última generación, cuya adquisición fue cuestionada por el sindicato debido a que, según sus denuncias, no serían adecuadas para las características edilicias del hospital ni para las tareas que allí se desarrollan. La conducción gremial considera que estos hechos deben ser investigados y que las autoridades deberían brindar explicaciones sobre las decisiones adoptadas.

En este contexto, Lezana vinculó directamente las acciones iniciadas en su contra con el papel que tuvo la APyT durante el conflicto y con las denuncias realizadas desde el gremio. Su posición es que el intento de desvinculación no puede analizarse de manera aislada respecto de la confrontación que mantiene con la conducción del hospital.

Del otro lado, el director médico del Garrahan, Mariano Pirozzo, defendió el procedimiento impulsado por las autoridades, aunque reconoció que todavía existe una instancia judicial pendiente. El funcionario señaló que la Justicia deberá expedirse sobre el pedido realizado y dejó abierta la posibilidad de que la situación sea revertida si el fallo determina que corresponde.

La controversia, por lo tanto, no está cerrada. La disputa laboral y sindical deberá atravesar ahora el terreno judicial, donde se analizará tanto la legalidad del procedimiento como los argumentos utilizados para justificar la desvinculación.

Lezana, además, incorporó otra dimensión a su denuncia: sostuvo que durante los últimos meses percibió un trato desigual por su condición de mujer al frente de la organización sindical. Actualmente, señaló, es la única mujer que ocupa una secretaría general y consideró que esa situación también se reflejó en determinadas negociaciones y reuniones.

Según su relato, en algunas oportunidades fue marginada de discusiones con otros sectores sindicales encabezados por hombres, una situación que interpreta como parte de una dinámica que excede el conflicto laboral específico.

Mientras continúa el enfrentamiento, la dirigente insiste en que su función gremial debe ser reconocida y respetada. Su planteo se apoya en que, durante un conflicto de la magnitud del que atravesó al hospital durante 2025, la tarea de una secretaria general consiste precisamente en representar a los trabajadores, participar de las negociaciones y permanecer junto a sus compañeros.

“¿Dónde tenía que estar la secretaria general?”, planteó Lezana al defender su actuación durante aquel período.

La respuesta a esa pregunta será parte del debate que ahora deberá resolver la Justicia. Para la dirigente, la decisión de las autoridades puede terminar perjudicando al propio hospital. “En la Justicia esto lo pierde el hospital”, afirmó, convencida de que el procedimiento iniciado en su contra presenta irregularidades.

Así, el conflicto vuelve a poner en primer plano la tensión entre la conducción del Garrahan y sus trabajadores organizados. Una disputa que comenzó alrededor de salarios, condiciones laborales y políticas de administración del hospital y que ahora suma una controversia sobre representación sindical, derechos laborales, manejo de recursos públicos y el lugar de las organizaciones gremiales dentro de una institución clave del sistema sanitario argentino.