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Triple lesbicidio en Barracas: el juicio llega a su etapa decisiva

Conexion Ciudad, 9 noviembre, 2026

El proceso contra Justo Fernando Barrientos, acusado de asesinar a Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, tendrá este miércoles el alegato de la defensa. La sentencia fue programada para el 18 de noviembre. La fiscalía y las querellas reclamaron prisión perpetua y plantearon medidas de reparación para la única sobreviviente y la comunidad LGBT+.

El juicio por el triple lesbicidio de Barracas, uno de los crímenes de odio más graves ocurridos en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires, entra en su etapa final. Después de meses de audiencias y exposiciones, el proceso contra Justo Fernando Barrientos tiene por delante dos instancias fundamentales: el alegato de la defensa, previsto para este miércoles, y la lectura de la sentencia, fijada para el próximo 18 de noviembre.

Barrientos está acusado de los asesinatos de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, además del ataque contra Sofía Castro Riglos, quien sobrevivió al incendio provocado en la habitación del hotel familiar donde se encontraban las cuatro mujeres, en el barrio de Barracas.

El acusado, de casi 70 años, llegó al debate detenido con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. La imputación es por homicidio triplemente agravado, por haber sido cometido mediante un medio idóneo para generar peligro común, con alevosía y ensañamiento, y por odio. La figura penal contempla la pena de prisión perpetua, de acuerdo con el artículo 80 del Código Penal.

El veredicto estará a cargo de los jueces Juan Manuel Grangeat y Adrián Pérez Lance, junto con la jueza Cinthia Oberlander, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires.

El presidente del tribunal, Adrián Pérez Lance, dispuso que Barrientos deberá estar presente en la sala durante la lectura de la sentencia. De esa manera, tendrá la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de conocer la decisión judicial. Hasta ahora, buena parte de las audiencias se desarrollaron de manera virtual o bajo una modalidad mixta.

La fiscalía pidió prisión perpetua

Durante su alegato, el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi solicitó la pena máxima y sostuvo que el ataque no podía ser considerado un homicidio común. Según su exposición, Barrientos provocó deliberadamente el incendio con la intención de generar sufrimiento a las mujeres y el hecho estuvo motivado por el odio hacia su orientación sexual y su condición de mujeres.

«Vivían acosadas y discriminadas por Barrientos por ser lesbianas y por ser mujeres», afirmó el fiscal durante la audiencia del 28 de octubre.

Fernández Buzzi también describió una relación marcada por el hostigamiento y la discriminación. En su argumentación, señaló que el acusado se consideraba superior a las víctimas y las despreciaba porque no respondían a los estereotipos sociales que, según esa mirada, debían cumplir las mujeres.

La calificación de crimen de odio constituye uno de los puntos centrales del debate. Si el tribunal la mantiene en la sentencia, el fallo podría convertirse en un antecedente judicial de relevancia para el tratamiento de otros hechos de violencia contra lesbianas.

Las querellas reclamaron justicia y reparación

En la misma jornada presentó sus argumentos la querella colectiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), integrada por las abogadas Samanta Pedrozo y Flavia Massenzio, con Sofía Saavedra Chávez como asistente letrada.

Durante la exposición, Pedrozo sostuvo que el ataque no tuvo consecuencias únicamente sobre las mujeres directamente afectadas, sino que también representó una agresión contra el conjunto de la comunidad LGBT+. En ese sentido, reclamó que el Estado asuma un papel activo en la protección de las identidades y en la prevención de la violencia y la discriminación.

La abogada también hizo referencia al hostigamiento que sufrían las víctimas por parte de Barrientos y sostuvo que ellas habían comenzado a poner límites a esas situaciones antes del desenlace fatal.

Dos días antes habían expuesto las querellas que representan a las familias de Pamela Cobbas y Roxana Figueroa, a través de la Defensoría Pública de Víctimas, y a Sofía Castro Riglos y Andrea Amarante, bajo la representación de la abogada Luciana Sánchez.

Además de reclamar una condena para el acusado, esta última representación solicitó una serie de medidas de reparación histórica destinadas tanto a la sobreviviente como al colectivo LGBT+.

El reclamo de la única sobreviviente

Uno de los capítulos más sensibles del proceso estuvo relacionado con la situación de Sofía Castro Riglos, quien sufrió quemaduras en el 3% de su cuerpo y perdió a su pareja, Andrea Amarante, en el incendio.

La sobreviviente no declaró durante el juicio porque las evaluaciones médicas determinaron que no se encontraba en condiciones de hacerlo. Por ese motivo, su testimonio fue incorporado mediante actas y declaraciones de las personas que la asistieron después del ataque.

La querella reclamó indemnizaciones por lucro cesante, incapacidad, gastos de mudanza, acompañamiento permanente y pérdida de pertenencias. También solicitó que se garantice la cobertura de su tratamiento de salud mental, una pensión por viudez y la eximición del pago de la parcela en el Cementerio de Chacarita.

Los planteos buscaron contemplar las consecuencias materiales, económicas y personales que dejó el crimen, más allá de la eventual condena penal.

Un espacio de memoria y políticas contra la discriminación

Las medidas solicitadas por la querella también incluyeron propuestas de alcance colectivo. Entre ellas, se planteó la expropiación del hotel de Barracas donde ocurrió el ataque para convertirlo en un espacio de memoria, con el objetivo de preservar el recuerdo de las víctimas y generar un ámbito de reflexión sobre la violencia por motivos de orientación sexual.

Además, se reclamaron capacitaciones obligatorias con perspectiva de diversidad para integrantes del Poder Judicial, la Policía de la Ciudad y el Cuerpo Médico Forense.

Otro de los pedidos apunta a desarrollar políticas públicas que fortalezcan la autonomía de las lesbianas y contemplen especialmente las situaciones de vulnerabilidad habitacional, un aspecto que también atravesó las circunstancias en las que se produjo el ataque.

La presentación incluyó, asimismo, la propuesta de otorgar difusión institucional a la sentencia y crear un registro oficial de casos de violencia contra el colectivo LGBT+.

Con el alegato de la defensa previsto para este miércoles y el fallo programado para el 18 de noviembre, el juicio se acerca a una definición que excede la responsabilidad penal de Barrientos. La sentencia deberá determinar si el tribunal reconoce el componente de odio en el crimen y establecerá un pronunciamiento judicial sobre el asesinato de tres mujeres lesbianas y las consecuencias que dejó el ataque en la única sobreviviente.

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