Por orden judicial el gobierno debe asistir a las familias afectadas en incendio en La Boca

La Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgar asistencia en la que se incluye proveer de viviendas a las familias afectadas por el incendio en el inmueble ubicado en Pedro de Mendoza 1447/5  del barrio de Comuna 4. La medida judicial establece  mediante un fallo hacer lugar a una medida cautelar solicitada por las propias familias que viven en la calle, en casas improvisadas con plásticos, lonas y maderas, desde que ocurrió el incendio, hace casi tres semanas. La Justicia porteña ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Instituto de Vivienda local que otorguen una “adecuada e inmediata satisfacción a los requerimientos económicos y materiales” de los afectados por el incendio que se produjo en un conventillo de La Boca el 20 de julio, donde murieron cuatro personas. El Fallo de La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Patricia López Vergara sostiene que “Los padecimientos por vivir a la intemperie son psicotraumáticos y no es necesario ser especialista en la temática para comprender que las profundas huellas emocionales impactan en la subjetividad de quienes atraviesan estos trances, y muy marcadamente en la de los niños”. Por lo que resuelve
“hacer lugar a la medida cautelar” solicitada en el marco de una acción de amparo por las familias que habitaban el inmueble ubicado en Pedro de Mendoza 1447/51 antes del incendio intencional ocurrido el 20 de julio, que motivó la clausura preventiva y desalojo de la propiedad.
Luego de la inspección dispuesta por la magistrada el 4 de agosto, y tras celebrar varias audiencias entre las partes, la magistrada concluyó que “se hallan expuestas todas las carencias e indignidades a las que se ven sometidos los reclamantes”. “Su situación de vulnerabilidad por la grave afectación que han sufrido en su derecho a la vivienda, su exposición a la intemperie a la que están expuestos hace 19 días, la grave afectación a su salud y dignidad humana, carencias todas que se han advertido en el reconocimiento judicial”, dijo.
Asimismo, manifestó en los fundamentos de la resolución que “la situación de emergencia en la que se hallan obliga a la toma de decisiones urgentes con miras a paliar la ‘dramática desigualdad existente entre quien tiene demasiado y quien no tiene nada'”. La jueza ordenó al GCBA y al IVC que “otorguen una adecuada e inmediata satisfacción a los requerimientos económicos y materiales de los amparistas” y dispone  que “en el caso de optar por el otorgamiento de un subsidio, los fondos deberán ser suficientes para cubrir la totalidad del costo de un alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad”, contemplando “la composición de cada grupo familiar” y “dentro de las 24 horas de la concurrencia de los amparistas a la oficina pertinente, munidos de la documentación requerida a tal fin”. También establece que “en el plazo de un día y hasta tanto se reubiquen a los actores”, la jueza ordenó “que por medio del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCBA y/o quien fuera competente, proceda a la instalación inmediata de dos (2) baños químicos -aparte del existente- en las inmediaciones en donde se hallan los grupos familiares individualizados en este decisorio”.