La Justicia confirmó que no hubo delito en las protestas del Hospital Garrahan

La Justicia confirmó que no hubo delito en las protestas del Hospital Garrahan

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la desestimación de las denuncias vinculadas con las medidas de fuerza realizadas por trabajadores del Hospital Garrahan durante 2025 y ratificó que, en el marco de la investigación, no se verificó la existencia de un delito. La resolución representa un nuevo respaldo judicial a las protestas impulsadas por los trabajadores del principal hospital pediátrico del país en reclamo por la situación salarial y las condiciones de funcionamiento del establecimiento.

La decisión fue dada a conocer por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, que destacó que el máximo tribunal penal que intervino en la causa confirmó la resolución adoptada durante la etapa de instrucción, en la que se había dispuesto la desestimación de las actuaciones por inexistencia de delito.

Las denuncias habían sido promovidas a partir de las medidas de fuerza desarrolladas durante el conflicto entre los trabajadores del hospital y las autoridades designadas por el Ministerio de Salud de la Nación, encabezado por Mario Lugones. Los reclamos incluyeron paros, movilizaciones y distintas acciones gremiales en rechazo a las políticas implementadas por la conducción del centro de salud y por el Gobierno nacional.

Desde la APyT señalaron que el fallo judicial constituye un reconocimiento a la legitimidad de las protestas y remarcaron que la resolución deja establecido que las acciones sindicales desarrolladas durante el conflicto no configuraron conductas delictivas.

“La Cámara de Casación Penal confirmó que no existió delito alguno en las protestas llevadas adelante por el equipo de salud durante el año pasado”, sostuvieron desde la organización gremial al dar a conocer el contenido de la resolución.

La secretaria general de la APyT, Norma Lezana, afirmó que los distintos pronunciamientos judiciales emitidos hasta el momento respaldan la posición sostenida por los trabajadores durante el conflicto. Además, destacó la intervención de la jueza federal María Servini en otra causa vinculada con sumarios administrativos iniciados contra alrededor de 40 empleados del hospital por su participación en las protestas.

Según explicó la dirigente sindical, la magistrada comenzó a tomar declaraciones testimoniales con el objetivo de reconstruir los hechos que derivaron en las actuaciones administrativas. Para Lezana, esa intervención representa una instancia relevante para esclarecer el desarrollo del conflicto y garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores involucrados.

En sus declaraciones, la representante gremial volvió a cuestionar con dureza la gestión del director del Hospital Garrahan, Mariano Pirozzo, designado por el Ministerio de Salud. Lezana sostuvo que existen diferencias profundas con la conducción del establecimiento respecto de las políticas implementadas y expresó críticas sobre la administración de los recursos, la designación de funcionarios y el rumbo adoptado por las actuales autoridades.

Las afirmaciones de la dirigente forman parte del debate que desde hace meses mantienen los gremios del hospital con la conducción designada por el Gobierno nacional, en un contexto marcado por reclamos salariales, denuncias de vaciamiento presupuestario y diferencias sobre el funcionamiento de uno de los centros pediátricos de mayor complejidad de la Argentina.

El reciente fallo de la Cámara de Casación también guarda relación con una resolución previa dictada por el juez laboral Herman Mendel, quien, en el marco de otro expediente, había considerado que las medidas de protesta desarrolladas por los trabajadores se encontraban amparadas por el ejercicio de derechos constitucionales vinculados a la libertad sindical y a la protesta social.

Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos sostuvieron que ambos pronunciamientos fortalecen la posición de quienes participaron de las medidas gremiales y ratifican que la protesta constituye un derecho protegido por el ordenamiento jurídico argentino cuando se ejerce dentro de los marcos legales vigentes.

El conflicto en el Hospital Garrahan continúa abierto y mantiene enfrentados a los representantes gremiales y a las autoridades nacionales por cuestiones salariales, presupuestarias y de gestión. Mientras tanto, la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal incorpora un nuevo antecedente judicial en una disputa que trasciende el ámbito sindical y mantiene un fuerte impacto en el sistema público de salud.

Con este fallo, la Justicia volvió a pronunciarse sobre uno de los aspectos centrales del conflicto: la legalidad de las medidas de fuerza impulsadas por los trabajadores. Aunque las diferencias entre las partes persisten, la decisión judicial establece que las protestas investigadas no constituyeron un delito, cerrando ese capítulo en el plano penal mientras continúan los debates sobre el futuro del Hospital Garrahan y las políticas sanitarias nacionales.