La jueza Elena Liberatori suspendió el protocolo antitomas

La jueza Elena Liberatori suspendió la aplicación de un nuevo instructivo relacionado con casos de tomas de colegios de la ciudad de Buenos Aires, conocido como (protocolo antitomas); la titular del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario número 4 de la ciudad de Buenos Aires, resolvió las “Pautas para la Convivencia Escolar”, según la resolución 643/MEGC/18 del Ministerio de Educación de la Ciudad, dictada en febrero último, luego que en septiembre de 2017 Liberatori suspendiera la aplicación de otro protocolo, según el cual las autoridades del establecimiento educacional debían hacer una denuncia penal. De acuerdo a lo determinado por la Justicia porteña, el Gobierno d el ciudad deberá de modo inmediato dejar sin efecto los procedimientos administrativos y penales, sancionatorios y disciplinarios que se deriven de la aplicación del instructivo suspendido, tanto en relación a los alumnos como a los docentes”, había ordenado entonces la jueza mediante una medida cautelar. Liberatori aclaró que la suspensión de la resolución ministerial 643/18 “tendrá vigencia hasta tanto se dé debida intervención” a esas entidades, para la elaboración de las pautas o protocolo a seguir en caso de ese tipo de protesta. La magistrada  tramita esta causa por razones de “conexidad” con otro expediente, “Ruanova, Gonzalo”, que se inició hace varios años, con el mismo objeto procesal: que se dejara sin efecto un instructivo sobre cómo proceder en las tomas de establecimientos educativos. Recordemos que en aquella oportunidad también se dictó una medida cautelar contra una disposición de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal (DGEGE) de esa cartera, por la que las autoridades administrativas indicaban como se debía actuar en casos de tomas u ocupación de escuelas en cuanto a que los directivos debían recabar el nombre de los alumnos involucrados para hacerlos constar en un acta. Luego la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo revisó la medida cautelar y mantuvo la suspensión solo en lo referido a la confección del acta con el nombre de quienes realizaban las tomas u ocupación. Los asesores tutelares sostienen que “la ocupación pacífica” de los colegios se debe a la disconformidad con el criterio de las autoridades de educación plasmadas en el programa oficial conocido como “La secundaria del futuro”. El nuevo protocolo, contenido en la resolución ministerial dictada hace un par de meses, desplazó la responsabilidad a los padres de los alumnos, en tanto que, en ese tipo de protesta, las autoridades del colegio debían labrar un acta dejando constancia.

Cabe recordar que ante la acción de amparo promovida por los asesores tutelares de primera y segunda instancia, Mabel López Oliva y Gustavo Daniel Moreno, junto a un grupo de padres de alumnos, la magistrada dispuso suspender también la aplicación del nuevo protocolo antitomas, hasta que el ministerio conducido por Soledad Acuña subsane algunas omisiones.