Informe de la UBA basado en servicio del hospital Bonaparte

Un informe elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) encendió una señal de alerta sobre la situación social y sanitaria que atraviesa la población joven en la Argentina. El estudio concluye que casi la mitad de las personas de entre 18 y 29 años vive en condiciones de vulnerabilidad y que más de siete de cada diez integrantes de ese grupo dependen exclusivamente del sistema público de salud, al no contar con cobertura médica a través de una obra social o una empresa de medicina prepaga.

La investigación, titulada “Jóvenes vulnerables en la Argentina: Condiciones de vida, creencias y expectativas sobre el futuro”, revela que 4.145.458 jóvenes se encuentran en situación de vulnerabilidad, una cifra que representa el 48,9% de la población comprendida en esa franja etaria. De ese universo, cerca de tres millones de personas carecen de cobertura privada y recurren exclusivamente a hospitales y centros de salud públicos para acceder a atención médica.

El relevamiento vincula esta realidad con las dificultades de inserción en el mercado laboral formal. La mayoría de los jóvenes vulnerables trabaja o busca trabajo, pero solo una pequeña proporción accede a empleos registrados que les permitan contar con los beneficios de una obra social. Según el estudio, apenas el 15% posee un empleo formal con aportes, mientras que el resto desarrolla actividades informales, temporarias o de baja estabilidad.

La situación adquiere una dimensión aún más compleja cuando se analiza el escenario previsto para el sistema sanitario nacional. De acuerdo con el proyecto de Presupuesto 2026, el programa de asistencia en salud mental y consumos problemáticos que funciona a través del Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte” del bario porteño de Parque Patricos proyecta atender una cantidad significativamente menor de pacientes que durante el año anterior.

Las metas oficiales contemplan la atención de 40.000 pacientes ambulatorios, alrededor de 25.000 menos que las previstas para 2025. También se reducirá la cantidad de consultas telefónicas de urgencia, que pasarán de 18.800 a 12.000. A su vez, las acciones comunitarias de prevención, que el año pasado tenían como objetivo alcanzar a unas 5.000 personas, dejaron de figurar entre las metas presupuestarias.

La reducción de esas proyecciones contrasta con el aumento de las demandas vinculadas a la salud mental que reflejan distintas investigaciones académicas. El trabajo de la UBA señala que siete de cada diez jóvenes en situación de vulnerabilidad experimentan con frecuencia nerviosismo, ansiedad u otros indicadores de malestar psicológico. Entre las mujeres la incidencia alcanza al 80%, mientras que entre los varones llega al 67,7%.

Los investigadores sostienen que estos problemas no constituyen episodios aislados, sino que forman parte de la vida cotidiana de una generación atravesada por dificultades económicas, incertidumbre laboral y limitadas perspectivas de desarrollo. En ese sentido, remarcan que la vulnerabilidad no se reduce únicamente a aspectos materiales, sino que también comprende dimensiones subjetivas relacionadas con la salud emocional y las expectativas de futuro.

El estudio también identifica diferencias según el nivel educativo y el género. A medida que aumenta la formación académica crece la posibilidad de acceder a un empleo registrado y, en consecuencia, a una cobertura médica por obra social. Entre quienes alcanzaron mayores niveles de instrucción, la cobertura privada supera ampliamente la registrada entre quienes solo completaron la educación primaria.

En cuanto a las diferencias por género, las mujeres presentan una mayor dependencia del sistema público. Mientras el 78,8% de las jóvenes vulnerables no posee cobertura privada, entre los varones ese porcentaje desciende al 68,4%, una brecha que los especialistas atribuyen a las diferencias existentes en el acceso al empleo formal.

El informe define como población vulnerable a quienes poseen únicamente estudios primarios o integran hogares con privaciones materiales, ya sea por insuficiencia de ingresos, dificultades para acceder a alimentos y servicios esenciales o condiciones habitacionales deficientes, como viviendas precarias, hacinamiento o falta de acceso a servicios básicos.

A este panorama se suma un creciente nivel de endeudamiento. Diversos estudios citados en el trabajo indican que los jóvenes figuran entre los sectores con mayor incremento de créditos considerados irrecuperables. Un análisis del Instituto Argentina Grande, elaborado sobre datos oficiales, señala que las personas de entre 15 y 29 años registraron un aumento del 85% en esa categoría durante el último año.

En la misma línea, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que el 38,4% de los jóvenes de entre 18 y 34 años presenta algún tipo de mora financiera y que ocho de cada diez de esas deudas corresponden a operaciones realizadas mediante billeteras virtuales. Entre los menores de 24 años, la tasa de morosidad alcanza niveles aún más elevados.

El informe de la UBA expone así un escenario en el que la precariedad laboral, la falta de cobertura sanitaria, el deterioro de la salud mental y el aumento del endeudamiento aparecen estrechamente vinculados. En ese contexto, los especialistas plantean la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a la salud, promover el empleo registrado y ampliar las estrategias de prevención y asistencia para una población que enfrenta múltiples formas de vulnerabilidad.