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El Garrahan le ganó un juicio a una prepaga por prestaciones impagas

Conexion Ciudad, 18 noviembre, 2026

La Justicia Federal condenó a Clínica Espora S.A., que opera bajo el nombre Espora Salud, a pagar una deuda por la atención de pacientes afiliados a esa empresa en el hospital pediátrico. El fallo fijó un capital de $89.958,81 más intereses y estableció que la falta de un convenio previo no exime a las prepagas de pagar por los servicios brindados en establecimientos públicos.

El Hospital Garrahan obtuvo un fallo favorable en una demanda judicial contra una empresa de medicina prepaga por prestaciones médicas que habían sido realizadas a sus afiliados y que permanecían sin pagar. La Justicia Federal condenó a Clínica Espora S.A., que comercialmente opera como Espora Salud, a abonar $89.958,81 de capital, más los intereses correspondientes desde el vencimiento de cada factura.

La sentencia fue dictada por el juez federal Patricio Maraniello, quien analizó la documentación presentada por el hospital, los argumentos de la empresa demandada y las pruebas contables incorporadas durante el proceso. El conflicto se había originado en septiembre de 2021, a partir de distintas prestaciones médicas brindadas a pacientes afiliados a la prepaga en el establecimiento pediátrico.

Según la presentación realizada por el Garrahan, las atenciones habían sido debidamente facturadas y algunos de los comprobantes incluso contaban con constancias de recepción y confirmación por parte de la empresa. Sin embargo, los pagos no se habían concretado en su totalidad. La deuda registraba únicamente cancelaciones parciales y notas de crédito, sin que se regularizara el resto de los importes reclamados.

Durante el proceso judicial, Clínica Espora rechazó la demanda y cuestionó la existencia de las obligaciones. Entre sus argumentos sostuvo que sus afiliados recibían habitualmente atención médica en sus propias instalaciones, ubicadas en Adrogué, por lo que aseguró no tener constancia de derivaciones al Hospital Garrahan.

También señaló que no había recibido solicitudes de autorización para las prestaciones reclamadas y puso en duda la documentación presentada por el centro pediátrico.

Sin embargo, el análisis judicial de las pruebas permitió establecer que existían elementos suficientes para reconocer parte de los créditos reclamados por el hospital.

La obligación de las prepagas frente a los hospitales públicos

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución estuvo relacionado con el marco legal que regula las obligaciones de las empresas de medicina prepaga frente a los establecimientos públicos de salud.

El magistrado sostuvo que la inexistencia de un convenio previo entre una prepaga y un hospital público no constituye, por sí sola, un motivo válido para desconocer el pago de las prestaciones realizadas a sus afiliados.

Para fundamentar esa interpretación, recurrió a las disposiciones de la Ley 26.682, que regula la actividad de las empresas de medicina prepaga y establece la obligación de abonar a los hospitales públicos y otros efectores estatales las prestaciones brindadas y facturadas a sus beneficiarios, incluso cuando no exista un acuerdo contractual previo entre las instituciones.

La normativa contempla determinados requisitos para validar las prestaciones y también establece excepciones vinculadas con situaciones de urgencia y emergencia. Sobre esa base, el juez examinó cada uno de los elementos incorporados al expediente para determinar cuáles de las facturas podían ser exigidas judicialmente.

Entre la documentación analizada figuraban comprobantes emitidos por el Garrahan que detallaban diferentes servicios médicos, entre ellos consultas, prácticas profesionales, estudios de laboratorio, radiografías y tomografías. Algunos de esos documentos tenían sellos y constancias vinculadas con su recepción y auditoría por parte de Espora Salud.

A su vez, el hospital presentó registros de los reclamos extrajudiciales realizados para intentar cobrar los servicios y una pericia contable que respaldó su posición. El informe confirmó que las facturas estaban asentadas en los libros del establecimiento y que no existían registros de pagos correspondientes a esos comprobantes.

Otro elemento considerado fue la conducta de la empresa demandada durante el proceso. Clínica Espora había sido intimada a poner a disposición su documentación contable, pero no cumplió con ese requerimiento.

El juez aclaró que esa omisión no podía interpretarse automáticamente como un reconocimiento de la deuda. No obstante, la incorporó a la valoración general de las pruebas, junto con los comprobantes y los resultados de la pericia, para respaldar la posición del hospital.

La discusión por los plazos de prescripción

La sentencia también abordó otro punto importante del expediente: la prescripción de una parte de las facturas reclamadas.

La empresa había planteado que determinados comprobantes ya no podían ser exigidos judicialmente debido al tiempo transcurrido desde su emisión. En ese aspecto, el propio Hospital Garrahan reconoció que las facturas correspondientes al período comprendido entre abril de 2011 y junio de 2017 debían quedar excluidas del reclamo por haber operado la prescripción.

Sin embargo, el magistrado rechazó ese planteo respecto de otras 18 facturas, al considerar que los plazos legales todavía se encontraban vigentes cuando se inició la demanda.

Para resolver esta cuestión también tuvo en cuenta una intimación fehaciente que la empresa había recibido en septiembre de 2016. De acuerdo con el análisis judicial, esa comunicación produjo la suspensión durante seis meses del plazo para reclamar una de las obligaciones incluidas en el expediente.

De esta manera, la Justicia delimitó cuáles eran los comprobantes que podían integrar la condena y cuáles debían quedar fuera del reclamo por razones legales.

Un antecedente para los hospitales públicos

El fallo representa un nuevo pronunciamiento judicial sobre las responsabilidades económicas de las empresas de medicina prepaga cuando sus afiliados reciben atención en establecimientos públicos.

En este caso, la resolución reconoce el derecho del Hospital Garrahan a cobrar por prestaciones médicas que fueron realizadas, documentadas y facturadas, y establece que la ausencia de un contrato específico entre las instituciones no alcanza para desconocer automáticamente esas obligaciones.

Aunque el monto reconocido en esta causa es de $89.958,81 de capital, al que deberán agregarse los intereses correspondientes, el aspecto central de la sentencia excede la cifra de la condena: los hospitales públicos pueden reclamar el pago de las prestaciones brindadas a pacientes que cuentan con cobertura de medicina prepaga, bajo las condiciones establecidas por la legislación vigente.

La resolución vuelve a poner en discusión el financiamiento del sistema público de salud y la responsabilidad que tienen los prestadores privados cuando sus beneficiarios reciben atención en instituciones estatales, que deben garantizar los servicios médicos más allá de los acuerdos comerciales existentes entre las partes.

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